Cada vez más personas buscan tener una doble nacionalidad
La búsqueda, a nivel global, de un segundo pasaporte se acelera en un mundo cada vez más incierto con mayores restricciones de movilidad y un endurecimiento de las fronteras. En los últimos años, la doble nacionalidad pasó a ser vista como un activo de seguridad, libertad de movimiento y planificación a largo plazo, al mismo tiempo que numerosos países comenzaron a restringir su otorgamiento.
Tradicionalmente asociada a procesos migratorios o a la transmisión por ascendencia, la doble nacionalidad hoy atrae a perfiles cada vez más diversos. Si bien es algo muy común en la Argentina, no lo era en el resto del mundo. A los expatriados históricos se suman ciudadanos de países desarrollados que buscan anticiparse a escenarios de crisis, ampliar sus opciones educativas y laborales, o simplemente garantizar mayor libertad para viajar y residir en el exterior sin depender de visas.
Aunque los datos disponibles son fragmentarios, la tendencia es clara. En el Reino Unido, la proporción de residentes que declaran poseer más de un pasaporte casi se duplicó en la última década. En Estados Unidos, si bien sigue siendo una minoría, crece el número de personas que ya cuentan con doble ciudadanía o que manifiestan interés en emigrar. Este cambio también se refleja en el trabajo de consultoras especializadas en ciudadanía y residencia por inversión, que reportan un aumento sostenido de consultas.
Para muchos solicitantes, el objetivo no es una mudanza inmediata. Contar con una segunda nacionalidad funciona como un “plan B”: permite reaccionar con mayor rapidez ante crisis sanitarias, conflictos políticos o cambios regulatorios, además de facilitar el acceso a mercados laborales y sistemas educativos en otros países. En este sentido, la doble ciudadanía se consolida como una forma de previsión personal y familiar.
Sin embargo, el auge de esta demanda coincide con un giro restrictivo por parte de numerosos Estados. En Europa, varios países han endurecido las condiciones para acceder a la nacionalidad, tanto por descendencia como por naturalización. Italia, por ejemplo, limitó en 2025 la transmisión de la ciudadanía por ascendencia, una reforma que aún enfrenta cuestionamientos judiciales. Otros países extendieron los plazos de residencia requeridos o reforzaron las exigencias económicas.
Al mismo tiempo, la Unión Europea presionó para el cierre de los llamados programas de “pasaportes dorados”, que permitían obtener la ciudadanía a través de inversiones. Malta, Chipre y Bulgaria pusieron fin a estos esquemas, mientras que España eliminó la vía asociada a la compra de inmuebles y Portugal endureció sus requisitos. En Estados Unidos, el debate adoptó un tono más ideológico. Algunos sectores plantearon la necesidad de prohibir la doble nacionalidad, invocando el principio de lealtad exclusiva al país. No obstante, especialistas en derecho constitucional consideran inviable una prohibición generalizada, dada la extensión del fenómeno y su arraigo legal y social.
Más allá de su legalidad, la doble nacionalidad no está exenta de obligaciones. En ciertos países, los ciudadanos residentes en el exterior continúan sujetos a impuestos, servicio militar u otros compromisos, y no siempre es posible renunciar libremente a una ciudadanía adquirida. A esto se suma un factor clave: los beneficios asociados a un pasaporte pueden modificarse con rapidez. Exenciones de visa, acuerdos bilaterales o programas de residencia pueden cambiar, reduciendo el atractivo de una nacionalidad que hoy resulta ventajosa.
Esta combinación de mayor demanda y reglas más estrictas alimenta una sensación de urgencia entre quienes reúnen las condiciones para solicitar un segundo pasaporte. Para muchos, el tiempo se convierte en un factor decisivo: postergar la decisión puede implicar enfrentar procesos más largos, costosos o directamente perder el acceso a determinadas oportunidades. Frente a este panorama, los argentinos tienen varias décadas de adelanto al resto del mundo.
